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En 1984, la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Punta Arenas, fue blanco de un ataque con bomba que destruyó parte importante de su estructura. Ello, a sólo meses del llamado “puntarenazo”, una protesta en la plaza principal de la ciudad cuando en el lugar se encontraba el general Augusto Pinochet y donde muchos de los manifestantes, a raíz de la represión, se refugiaron al interior de la Catedral.

El sacerdote diocesano, Marcos Buvinic Martinic, en representación de la iglesia Católica de Magallanes, dijo que ante la violación sistemática de los derechos humanos “la iglesia hizo lo que tenía que hacer, no había otra opción” y recordó la labor que realizaron las distintas organizaciones religiosas en apoyo a quienes eran perseguidos, encarcelados, exonerados, o a las familias de personas ejecutadas o desaparecidas.

El sacerdote, que para el golpe de Estado estaba a cargo de la parroquia de San Miguel, pero asistía a la del barrio 18 de Septiembre, también participó en la Comisión de Derechos Humanos como representante regional, y recordó el trabajo del área jurídica de la organización en Magallanes en la defensa de personas que fueron llevadas a “Consejos de guerra”, donde destacó la labor realizada por el fallecido abogado Juan Vivar.

El presbítero, junto con agradecer a la delegación presidencial y al gobierno de Chile por el reconocimiento al trabajo humanitario desarrollado por las iglesias, destacó la presencia en el acto de doña Paulina Echeverría, asistente social y que estuvo a cargo del área de Derechos Humanos de la iglesia en Magallanes.

La delegada presidencial de Magallanes; Luz Bermúdez, realizó una solicitud especial a la comunidad de la Parroquia de Fátima: “Estudiemos juntos la factibilidad de “señalizar” este lugar, para que no haya olvido, para que quienes vengan a este espacio de fe sepan que aquí hubo sueños, proyectos, defensa de las personas, defensa de los derechos, defensa de la vida. Aquí hubo resistencia, solidaridad y esperanzas”, instó.

Bermúdez encabezó el acto realizado la noche del martes en la parroquia del barrio 18 de Septiembre, a través del cual el Estado y el gobierno reconocieron la labor de las iglesias y comunidades de fe que realizaron en defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.

Fuente: Comunicaciones Punta Arenas

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