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Según datos del Ministerio de Interior, en el año de 2020 se registraron 13.656 ingresos por pasos no habilitados a Chile, la cifra más alta de los últimos tres años. Encabeza el listado de ingresos la comunidad Venezuela, con 10.213 personas, seguido por ciudadanos haitianos (980), colombianos (682) y bolivianos (675). Los años anteriores, las cifras llegaron a 8.050 en 2019; 6.310 en 2018; y 2.903 en 2017.

La mayoría de estos ingresos se dan por la frontera norte de Chile provocando diferentes posturas con relación al tema. Algunas van desde mirar a los migrantes con desprecio y catalogándolos como invasores, hasta quienes se enternecen y sienten compasión delante de mujeres y niños recorriendo el duro desierto para encontrar un mejor mañana, o, la protección que les es negada en otros lugares del continente. Más allá de la postura que tomemos, debemos tener la claridad de que se trata de seres humanos en condiciones que no son solo migratorias, ni solo de personas solicitando refugio, se trata de una cuestión humanitaria. Esto no se logra de otra manera que no sea escuchando su realidad, sus motivaciones, sus sacrificios, sus historias de travesías para llegar a Chile, para entender que son personas buscando sueños que cualquier ser humano en condiciones semejantes haría para dar un mejor vivir a su familia.

Muchos pueden pensar que este no es momento para viajar, que la cuestión sanitaria debe hacer que permanezcamos en casa, pero cuando no vivimos lo que muchos de ellos han vivido, cuesta entender que, huir de su país de origen es una cuestión de sobrevivencia, pues, los y las migrantes no son el problema, la verdadera causa de su proceso migratorio si lo es. Por consiguiente, no se conseguirá detener la migración con una ley mucho más restrictiva o con medidas restrictivas, y, no es una cuestión política, es un tema humanitario. Al contrario, estas medidas restrictivas son caldo de cultivo para el surgimiento de redes de tráfico y trata, de vulneración de derechos, de explotación laboral de las personas, donde tal vez los más afectados son los migrantes y dentro de ellos, los menores que no eligieron migrar y quienes sufren, sin comprender la realidad de hambre, de frio, de dolor y de desarraigo.

Antes de definir si la situación que vive Colchane es una realidad migratoria o humanitaria, es necesario comprender por qué llegamos hasta aquí y qué se podría hacer para mejorar la situación:

1. Esta no es la primera crisis con personas migrantes que estamos viviendo en los últimos meses. El estallido social, evidenció la carencia de redes de los migrantes y siendo los primeros a perder sus empleos, se fueron a las periferias ante la imposibilidad de pagar arriendos altos en la ciudad. Posteriormente, en el contexto de pandemia en el primer semestre de 2020, muchos se sintieron abandonados por sus autoridades consulares, incluso para entrar en sus propios países.

En el caso particular de Venezuela, delante de un contexto país que se viene agravando y generando la salida de más de 5 millones de sus connacionales en los últimos 5 años, muchos de ellos ya con vínculos con Chile, en parte porque su familia ya se encontraba aquí y en parte porque Chile abrió sus puertas a recibirlos con una invitación, que posteriormente se materializaría en la creación de la visa consular, conocida como Visa de Responsabilidad Democrática (VRD). En esto no radica la dificultad. Esta comenzó cuando delante de un contexto de creciente necesidad, muchos, haciendo uso de esta posibilidad tramitaron sus visas de manera consular, con respuestas negativas en buena parte, también restrictivas delante de carecer de un documento que, si hubiese voluntad, se podría solicitar no negando el trámite, no obligándolos a reiniciar el trámite con procesos que demoraron hasta un año, sino siendo más educativos que punitivos. Además, empatizando con la situación que viven en su país.

El culmen de la situación que evidenció la llegada masiva de personas, lo vimos con el cierre administrativo de miles de solicitudes de VRD o de Turismo consular, sin tener la consideración que la imposibilidad de viajar estuvo relacionada a la pandemia. En un contexto donde las familias no pudieron reunirse, ya sea por no poder tramitar la visa o que esta fue desistida por las autoridades, o que, careciendo de pasaporte, no pueden tramitarla, agravado a la situación que se vive en Venezuela, miles de migrantes tomaron sus familias y sus mochilas y caminaron hacia el sur. Lo intentaron, pidieron la visa, se les negó, la pandemia los distanció y muchos tampoco pudieron despedirse de sus seres queridos por miedo a perder sus trámites migratorios en Chile. Todo esto sumó para que las familias buscaran alternativas para volver a encontrarse.

2. La pandemia. Aplicada al contexto migratorio chileno, esta se materializó en varias situaciones que desde las autoridades no se consideraron:

a. Muchos migrantes ya en Chile se han sentido incomunicados, pues nadie de parte de las autoridades, amparados en la imposibilidad de atención presencial en pandemia, dan respuesta u orientación a los trámites ingresados en Chile o por ingresar. La comunicación personal es nula.
b. Muchos migrantes han recibido negación de sus trámites de visa por requerimientos de documentos mediante oficios que nunca recibieron y por tanto no los presentaron, pero sin opción a presentarlos ahora. Esto se traduce en frecuentes pagos de multa e irregularidad migratoria.
c. Los mismos datos estadísticos de Extranjería nos muestran la escasa aprobación de solicitudes de refugio.
d. A los turistas, imposibilitados de abandonar el territorio por causa de la pandemia, se les pidió pagar multa para salir, meses después. No se consideró el contexto de pandemia y la ley no respondió a esa realidad. Aquí el incumplimiento de la misma no fue voluntario, fue fruto del contexto. Muchos de ellos, sin poder irse y agotando sus recursos, vivieron de la caridad de sus connacionales, e imposibilitados para trabajar por ley, debieron pagar multas al salir del país, cuando por fin pudieron hacerlo. No hubo el mínimo atisbo de solidaridad y empatía.
En otras palabras, las autoridades migratorias no consideraron el contexto de pandemia por el cual los migrantes y turistas se veían afectados y no se flexibilizaron los plazos para poder presentar lo requerido. Se actuó con espíritu restrictivo de la ley, desconociendo la realidad que a todos afectó.

3. Las anteriores situaciones confluyeron para que llegásemos a lo vivido estas últimas semanas en Colchane, culminado con la expulsión de migrantes con ánimo ejemplarizante como la que vimos de las personas con trajes blancos, que implica, entre otros, el desconocimiento de la aplicación del Principio de No devolución, puesto que no se escuchó la realidad de las personas, de los cuales muchos de ellos pudiesen ser solicitantes de refugio y su devolución pudo poner en riesgo su visa. El Principio de Reunificación Familiar, porque muchas personas tramitaron visas, pero la demora, mucho más cuando esta visa para Venezuela está definida desde el punto de vista humanitario, la negativa de continuidad de los procesos sin dar alternativas, la aprobación de visa consular a los padres y no a los hijos y/o viceversa, el cierre administrativo de fines de 2020, generó en buena medida la situación que vemos y donde faltó identificar que se trataba, para muchos de ellos, de reencontrarse con sus familias. No todos son migrantes espontáneos. El Debido Proceso, puesto que, llegar a Chile, pasando meses o años en el camino para conseguir esta meta, deudas, la velocidad en la ejecución de tal medida y no tener la posibilidad de defenderse y ser parte de un debido proceso que les permita ser escuchados, en un Estado de derecho, pone en tela de juicio la interpretación que se hace de la ley. El interés superior del niño, puesto que como lo constatan nuestros agentes de Iglesia y de tantas instituciones asistiendo a los migrantes recién llegados, careciendo de las condiciones mínimas, después de una travesía por el desierto y los riesgos que esto implica, vimos que se trataba de familias con niños, quienes requieren mayor comprensión y ayuda, independiente de la condición migratoria de ellos y de sus padres. No se trata solo de un factor legal, se trata de un factor de humanidad. No todos son delincuentes y el ordenar la casa no implica descartar, implica acoger y cuidar.

4. Tenemos claridad que nuestro país no los puede recibir a todos, no hay condiciones para ello y además que el Estado debe cuidar de la seguridad dentro de las fronteras, pero si se ponen reglas y las personas se acogen a ellas, por lo menos debiese evaluar con un criterio más amplio que restrictivo cuando una familia quiere reencontrarse con los suyos. Esto significa que, como país, dentro de nuestras posibilidades, no debemos restarnos de la participación en la co-responsabilidad en la gestión de esta realidad que puede ser más que meramente migratoria, tal vez humanitaria. Podemos colaborar en la emergencia que Venezuela está viviendo haciendo un aporte y devolver la mano.

En conclusión, como instituciones de Iglesia, seguiremos trabajando por defender los derechos de las personas, mucho más allá de los documentos, recordando a la sociedad el desarrollar criterios de humanidad y de hermandad, más que de indiferencia. Seguiremos buscando formas de dar espacios para que la sociedad desarrolle el compromiso en el acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes en su realidad nueva que, de una forma u otra, los ha recibido.

Fuente: INCAMI

 Colchane, ¿una crisis migratoria?

  INCAMI: Aportes de migrantes en el Chile de hoy