Comité Pro Paz: el rol de la Iglesia a 40 años del golpe
Con el lema “la obra de la justicia será la paz”, esta institución fue la primera respuesta ecuménica de las iglesias en Chile ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sus protagonistas profundizan en la historia de esta agrupación, cuyo legado fue recogido luego por la Vicaría de la Solidaridad.
 |
Por Elizabeth Loyola Poblete
Tras el golpe militar, en septiembre de 1973, muchas personas se acercaron a las Iglesias en busca de apoyo, agobiadas por los apremios que estaban sufriendo sus familias. Ante ello, la Iglesia Católica, junto a la Iglesia Luterana, la comunidad Israelita y otras confesiones cristianas, fundan el 4 de octubre de ese año el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), institución ecuménica —que tal como su nombre lo indica— buscaba restablecer la paz en el país.
Esta instancia fue creada por un decreto arzobispal del Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el que se nombraba como co-presidentes al Obispo católico Fernando Ariztía y al Obispo luterano Helmut Frenz, con la misión de brindar amparo a las personas en dificultades y como respuesta a la grave represión impuesta por el nuevo régimen.
Fue así como al quinto piso del edificio del Arzobispado de Santiago llegó un equipo de voluntarios profesionales que —a pulso y con mucho temor— iniciaron un camino que pensaron sería breve. José Zalaquett, uno de los abogados, recuerda que “la acción del Comité, continuada y ampliada por la Vicaría de la Solidaridad, consistió principalmente en dar asistencia legal y personal -incluyendo apoyo médico- a miles de víctimas de la dictadura y a sus familiares, así como recopilar información sobre estos hechos y darlos a conocer”.
A medida que se complejizó la situación, el Comité Pro Paz extendió su labor a casi todas las diócesis del país. A la escucha activa se fue sumando la ayuda social, la labor jurídica y el departamento laboral, que acogía a personas impedidas de trabajar por la persecución del régimen. Paralelamente, funcionaba el Comité para los Refugiados, que era una instancia de colaboración con extranjeros asilados en Chile, originarios de otros países latinoamericanos que ya se encontraban gobernados por dictaduras militares.
Desde el primer día, Daniela Sánchez, asistente social, asumió la labor de escuchar los relatos de las víctimas. Señala que “el ser con otros fue un principio desde el primer momento. Las personas venían en shock, pero al saber que había otros en su misma situación, pese a la tristeza, se llenaban de fuerzas”.
“Era la cooperación por el restablecimiento de la paz, era una tarea ecuménica, pluralista y universal. Vivíamos la parábola del samaritano, había que ayudarlos a ponerse de pie y promoverlos”, recuerda Sánchez, y agrega: “Fue mi mayor experiencia de Iglesia, una Iglesia profética, muy convocante de creyentes y no, un signo de que podemos hacer camino de salvación juntos”. José Zalaquett, coincide con esta visión y explica: “Se respondió a un imperativo de solidaridad con los caídos y perseguidos, acogiendo a todos quienes estuvieran dispuestos a colaborar en esta misión, creyentes o no”.
El cierre del COPACHI se concretó el 31 de diciembre de 1975, tras las presiones del régimen. No obstante, al día siguiente se funda la Vicaría de la Solidaridad.
La acogida a las víctimas
En octubre de 1973, quince campesinos fueron detenidos violentamente en la localidad de Isla de Maipo. Sus restos fueron encontrados en noviembre de 1978 en una mina de cal en Lonquén. La familia Maureira fue una de las que durante esos años buscó incansablemente a su padre y sus cuatro hijos. Corina, una de las hijas que vivió este tiempo de temor e incertidumbre, relata que “cuando detuvieron a parte de mi familia, nosotros nos sentimos muy solos, creíamos que éramos los únicos”, y destaca la labor de acompañamiento del COPACHI: “Tuvimos mucho apoyo, que iba desde lo profesional hasta alimentos, nos acogieron con mucho cariño brindando ayuda en la búsqueda de nuestros seres queridos. Cuando estábamos sufriendo la desesperación, sin tener donde ir ni a quién acudir, contar con alguien que nos escuchara y poder compartir nuestra pena nos permitió seguir viviendo”, describe. “Recuerdo el respaldo que nos dieron cuando recibimos los restos de nuestros familiares, fue inolvidable el consuelo y la esperanza que nos transmitieron los sacerdotes y el apoyo concreto que nos dieron incluso cuando no nos querían entregar sus cuerpos”, señala Corina Maureira.
Padre Alfonso Baeza:“Fuimos instrumento del Señor”
El sacerdote ha dedicado su labor pastoral a la protección de los más marginados de nuestra sociedad, ya sea desde su quehacer con los más pobres, su apoyo al Comité Pro Paz, o como vicario episcopal de la Vicaría de la Pastoral Obrera. Conversó con Encuentro para reflexionar en torno a la labor de nuestra Iglesia durante el régimen militar.
¿Cuál es su mirada acerca de la labor de la Iglesia tras el Golpe Militar?
El Golpe me pareció un quiebre espantoso donde se despreciaba la vida de un sector de personas e incluso se incitaba a la delación, que era una cosa tremenda. ¡Y la Iglesia con su lado maternal no podía ser indiferente a eso! El mandamiento de Jesús es que tenemos que ser testigos del amor de Dios, su voluntad es que vivamos como hermanos.
¿Por qué la Iglesia chilena se motivó a intervenir ante estos sucesos?
Fue una acción profética, pues hablar a nombre de Dios y ser sus testigos estuvo muy presente en ese tiempo. Nos unimos a otras Iglesias que también sentían el deber de defender la persona humana que era maltratada. Así surge gente que lidera este proceso, el Cardenal —Silva Henríquez— y algunos obispos, sacerdotes, laicos y otros que no eran cristianos, pero que vivían el amor al prójimo.
¿Cuál fue la contribución de la Iglesia durante el régimen militar?
Fue evidente que con la acción de la Iglesia —aunque aquí la dictadura fue terrible— se pudieron frenar algunas cosas. El mundo entero ayudó en esta labor y reconocía lo realizado. Fui testigo también de la inmensa gratitud de las personas que sufrieron tras una tremenda represión. El sentir que no estamos solos, que hay donde recurrir, que te creen lo que está pasando, eso fue una gran cosa. Muchas personas dicen que si no fuera por esa acción estarían muertos, y sus familias también. Es un capital que tiene la Iglesia frente al mundo más pobre, más excluido, que fue el que pagó los costos. Es un signo de que realmente fuimos instrumentos del Espíritu del Señor, de nuestra opción preferencial por los pobres y por la paz.
¿Por qué sintió la necesidad de asumir un rol en ese contexto?
Para mí era algo que teníamos que hacer, si no qué coherencia teníamos con el Evangelio, por lo que no me costó hacerme parte. Al recordar, doy gracias a Dios de que, pese a todas nuestras limitaciones como Iglesia y personas, pudimos realizar una obra inmensa.
La obra del Comité Pro Paz en cifras
Asesoría jurídica a 6.994 casos de persecución política. 6.411 casos de despidos laborales. 7.000 casos de defensa legal de arrestados.
Presentación de 2.342 recursos de amparo en todo Chile. Solo 3 fueron acogidos.
Patrocinio de 550 defensas ante los Consejos de Guerra.
Colaboración en 290 solicitudes de indulto.
Presentación de 435 denuncias por desaparecidos y detenciones ilegales ante tribunales, ninguna de ellas con resultado positivo.
Alimentación para 25.000 niños en 250 comedores infantiles en distintas zonas de Santiago.
Fuente: Periódico Encuentro
www.iglesiadesantiago.cl
Tras el golpe militar, en septiembre de 1973, muchas personas se acercaron a las Iglesias en busca de apoyo, agobiadas por los apremios que estaban sufriendo sus familias. Ante ello, la Iglesia Católica, junto a la Iglesia Luterana, la comunidad Israelita y otras confesiones cristianas, fundan el 4 de octubre de ese año el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), institución ecuménica —que tal como su nombre lo indica— buscaba restablecer la paz en el país.
Esta instancia fue creada por un decreto arzobispal del Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el que se nombraba como co-presidentes al Obispo católico Fernando Ariztía y al Obispo luterano Helmut Frenz, con la misión de brindar amparo a las personas en dificultades y como respuesta a la grave represión impuesta por el nuevo régimen.
Fue así como al quinto piso del edificio del Arzobispado de Santiago llegó un equipo de voluntarios profesionales que —a pulso y con mucho temor— iniciaron un camino que pensaron sería breve. José Zalaquett, uno de los abogados, recuerda que “la acción del Comité, continuada y ampliada por la Vicaría de la Solidaridad, consistió principalmente en dar asistencia legal y personal -incluyendo apoyo médico- a miles de víctimas de la dictadura y a sus familiares, así como recopilar información sobre estos hechos y darlos a conocer”.
A medida que se complejizó la situación, el Comité Pro Paz extendió su labor a casi todas las diócesis del país. A la escucha activa se fue sumando la ayuda social, la labor jurídica y el departamento laboral, que acogía a personas impedidas de trabajar por la persecución del régimen. Paralelamente, funcionaba el Comité para los Refugiados, que era una instancia de colaboración con extranjeros asilados en Chile, originarios de otros países latinoamericanos que ya se encontraban gobernados por dictaduras militares.
Desde el primer día, Daniela Sánchez, asistente social, asumió la labor de escuchar los relatos de las víctimas. Señala que “el ser con otros fue un principio desde el primer momento. Las personas venían en shock, pero al saber que había otros en su misma situación, pese a la tristeza, se llenaban de fuerzas”.
“Era la cooperación por el restablecimiento de la paz, era una tarea ecuménica, pluralista y universal. Vivíamos la parábola del samaritano, había que ayudarlos a ponerse de pie y promoverlos”, recuerda Sánchez, y agrega: “Fue mi mayor experiencia de Iglesia, una Iglesia profética, muy convocante de creyentes y no, un signo de que podemos hacer camino de salvación juntos”. José Zalaquett, coincide con esta visión y explica: “Se respondió a un imperativo de solidaridad con los caídos y perseguidos, acogiendo a todos quienes estuvieran dispuestos a colaborar en esta misión, creyentes o no”.
El cierre del COPACHI se concretó el 31 de diciembre de 1975, tras las presiones del régimen. No obstante, al día siguiente se funda la Vicaría de la Solidaridad.
La acogida a las víctimas
En octubre de 1973, quince campesinos fueron detenidos violentamente en la localidad de Isla de Maipo. Sus restos fueron encontrados en noviembre de 1978 en una mina de cal en Lonquén. La familia Maureira fue una de las que durante esos años buscó incansablemente a su padre y sus cuatro hijos. Corina, una de las hijas que vivió este tiempo de temor e incertidumbre, relata que “cuando detuvieron a parte de mi familia, nosotros nos sentimos muy solos, creíamos que éramos los únicos”, y destaca la labor de acompañamiento del COPACHI: “Tuvimos mucho apoyo, que iba desde lo profesional hasta alimentos, nos acogieron con mucho cariño brindando ayuda en la búsqueda de nuestros seres queridos. Cuando estábamos sufriendo la desesperación, sin tener donde ir ni a quién acudir, contar con alguien que nos escuchara y poder compartir nuestra pena nos permitió seguir viviendo”, describe. “Recuerdo el respaldo que nos dieron cuando recibimos los restos de nuestros familiares, fue inolvidable el consuelo y la esperanza que nos transmitieron los sacerdotes y el apoyo concreto que nos dieron incluso cuando no nos querían entregar sus cuerpos”, señala Corina Maureira.
Padre Alfonso Baeza:“Fuimos instrumento del Señor”
El sacerdote ha dedicado su labor pastoral a la protección de los más marginados de nuestra sociedad, ya sea desde su quehacer con los más pobres, su apoyo al Comité Pro Paz, o como vicario episcopal de la Vicaría de la Pastoral Obrera. Conversó con Encuentro para reflexionar en torno a la labor de nuestra Iglesia durante el régimen militar.
¿Cuál es su mirada acerca de la labor de la Iglesia tras el Golpe Militar?
El Golpe me pareció un quiebre espantoso donde se despreciaba la vida de un sector de personas e incluso se incitaba a la delación, que era una cosa tremenda. ¡Y la Iglesia con su lado maternal no podía ser indiferente a eso! El mandamiento de Jesús es que tenemos que ser testigos del amor de Dios, su voluntad es que vivamos como hermanos.
¿Por qué la Iglesia chilena se motivó a intervenir ante estos sucesos?
Fue una acción profética, pues hablar a nombre de Dios y ser sus testigos estuvo muy presente en ese tiempo. Nos unimos a otras Iglesias que también sentían el deber de defender la persona humana que era maltratada. Así surge gente que lidera este proceso, el Cardenal —Silva Henríquez— y algunos obispos, sacerdotes, laicos y otros que no eran cristianos, pero que vivían el amor al prójimo.
¿Cuál fue la contribución de la Iglesia durante el régimen militar?
Fue evidente que con la acción de la Iglesia —aunque aquí la dictadura fue terrible— se pudieron frenar algunas cosas. El mundo entero ayudó en esta labor y reconocía lo realizado. Fui testigo también de la inmensa gratitud de las personas que sufrieron tras una tremenda represión. El sentir que no estamos solos, que hay donde recurrir, que te creen lo que está pasando, eso fue una gran cosa. Muchas personas dicen que si no fuera por esa acción estarían muertos, y sus familias también. Es un capital que tiene la Iglesia frente al mundo más pobre, más excluido, que fue el que pagó los costos. Es un signo de que realmente fuimos instrumentos del Espíritu del Señor, de nuestra opción preferencial por los pobres y por la paz.
¿Por qué sintió la necesidad de asumir un rol en ese contexto?
Para mí era algo que teníamos que hacer, si no qué coherencia teníamos con el Evangelio, por lo que no me costó hacerme parte. Al recordar, doy gracias a Dios de que, pese a todas nuestras limitaciones como Iglesia y personas, pudimos realizar una obra inmensa.
La obra del Comité Pro Paz en cifras
Asesoría jurídica a 6.994 casos de persecución política. 6.411 casos de despidos laborales. 7.000 casos de defensa legal de arrestados.
Presentación de 2.342 recursos de amparo en todo Chile. Solo 3 fueron acogidos.
Patrocinio de 550 defensas ante los Consejos de Guerra.
Colaboración en 290 solicitudes de indulto.
Presentación de 435 denuncias por desaparecidos y detenciones ilegales ante tribunales, ninguna de ellas con resultado positivo.
Alimentación para 25.000 niños en 250 comedores infantiles en distintas zonas de Santiago.
Fuente: Periódico Encuentro
www.iglesiadesantiago.cl
Santiago, 06 de Septiembre, 2013
Galerías Fotográficas