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En archivadores con etiquetas de colores se encuentra la historia de miles de chilenos que fueron torturados, desaparecidos y vulnerados en sus derechos durante el régimen militar. Ordenados en repisas, conviven en las oficinas de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en la calle Erasmo Escala.

Cada año, investigadores, estudiantes, magistrados e incluso víctimas y sus familias revisan los más de ochenta mil documentos, reconstruyendo en parte los hechos ocurridos en aquellos años.

La fundación en la actualidad se encarga de mantener la documentación, digitalizándola, actualizándola y poniéndola al servicio del público en general. Todo ello sumado a la cooperación que se brinda a los tribunales de justicia para esclarecer casos que aún continúan en investigación o proceso.

Y para proseguir con esta labor -en la que es crucial mantener el material- la fundación se adjudicó un proyecto en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, que durará diez meses y que permitirá digitalizar parte importante del archivo de prensa, hasta el año 1992. “Para nosotros es una meta preservar esa información, ya que lamentablemente no se ha trabajado para su conservación, no se le han sacado los elementos corrosivos, no están en cajas libres de ácido”, explica María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la fundación.

“Aquí hay documentación y archivos que nadie tiene, ya que heredamos toda la información del Comité Pro Paz que nace en Octubre del 73, más lo reunido durante la labor de la Vicaría de la Solidaridad hasta la actualidad”, agrega, haciendo énfasis en que en los estantes se encuentra “la historia de la represión de la dictadura y del rol que tuvo la Iglesia en la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Dentro de las carpetas de los detenidos desaparecidos,hay información de causas judiciales, que van desde los primeros recursos de amparo hasta los testimonios de las víctimas, así como también historiales clínicos, dentales, radiografías y otros, que ayudan a reconocer los cuerpos que se han encontrado.

Y pese al tiempo que ha transcurrido, la fundación tiene mucho trabajo apoyando la labor de la justicia. Más de mil oficios de tribunales fueron respondidos durante el 2012. Lo que María Paz, atribuye a la publicación de la ley N° 20.405, del 10 de diciembre de 2009, que le permite al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tener la facultad de presentar querellas por los delitos de homicidio o ejecución sumaria durante la dictadura.

La fundación ha sido clave en colaborar con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Prueba de ello es su valiosa contribución a las comisiones de verdad que han operado en el país como como la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990), que tuvo como resultado el Informe Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992),la mesa de Diálogo, la primera Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o "Comisión Valech" (2003)y el de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura (2009 al2010). Además presta un servicio de colaboración a distintas entidades del Estado como comisiones parlamentarias, el Instituto de Derechos Humanos, entre otros. Y ha servido de fuente para producciones televisivas como los “Archivos del Cardenal”, documentales, libros y notas periodísticas.

“La idea es que este archivo sirva para la memoria histórica, que los jóvenes que no vivieron esa época conozcan los hechos y puedan formar su propia opinión”, opina la secretaria ejecutiva de la fundación. Y añade “la gente tiene derecho a saber lo que ocurrió, no solo las víctimas, si no que la sociedad en general para que haga cargo de lo que ocurrió. Y esto ayuda- aunque no lo asegura- que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Ocho personas trabajan abordando las tres principales áreas de la fundación tales como la conservación, el apoyo a distintos organismos del Estado y la atención a visitantes. Dentro de las funciones que se cumple es orientar y otorgar certificados a las víctimas o familiares para recibir beneficios reparatorios.

Con respecto al futuro, María Paz Vergara es enfática al señalar que “en lo que es verdad y justicia no se ha avanzado todo lo que se debería, hay muy pocos casos que se han aclarado y pocos los cuerpos que han aparecido. Por ello una labor importante nuestra, en colaborar y poner a disposición de los tribunales de justicia toda la información disponible para esclarecer la verdad”.

“Tras el cierre de la Vicaría de la Solidaridad y el inicio como fundación creímos que duraría dos años y ya llevamos 20” asevera y agrega que “mientras estén las causas pendientes, existan desaparecidos y no se sepa que pasó con los ejecutados, ni se haga justicia, yo creo que existiremos. Y también para preservar y compartir la memoria histórica”.